Proselitismo o cumplimiento del deber

La Columna de Opinión 04 de septiembre de 2017 Por
Germán Alfaro presentó una iniciativa por medio de la cual, juntando 100.000 firmas de vecinos de la capital tucumana, lograría que en la legislatura tucumana se trate un proyecto para intervenir la SAT
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Cloacas a cielo abierto - Imágenes que ya forman parte del panorama tucumano

Es bien sabido que la problemática de la distribución del agua potable y el servicio de cloacas de la capital es un temita de larga data. Y que a pesar de los cambios de gestión, los responsables de su control y supervisión son los mismos de siempre.

Pero es cuestión de que lleguen los vientos electorales para que los funcionarios competentes se hagan cargo y se ocupen de las problemáticas que nos aquejan. Tarde, pero seguro.

Es así que el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro (que durante la gestión anterior fue Secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán) en su ímpetu por impulsar la campaña de su esposa (Beatríz Ávila, candidata a diputada por Cambiemos) tomó la posta e impulsó un proyecto para intervenir la SAT. El proyecto intenta reunir 100.000 firmas de vecinos capitalinos para exigir su tratamiento en la Legislatura tucumana y lograr administrar la concesión.

“El proyecto que impulsamos busca que todos los tucumanos enfrentemos el problema y hace hincapié en la intervención de la SAT, fundamentada en la demostrada ineptitud para administrarla con eficiencia. Proponemos una intervención democrática y que contemple la participación de los usuarios dentro de la estructura de la empresa”, explicó el intendente.

“Hoy la SAT no tiene el control de ningún organismo e institución del Estado. Es un agujero negro donde cualquier tucumano podría suponer que la SAT es utilizada como una caja política con fines electorales. Y, lo peor de todo, se les quiere aumentar la tarifa a los usuarios por un servicio que no brindan. No vamos a permitir que se pretenda aumentar la tarifa si es que primero no se realizan las inversiones”, reforzó el jefe municipal.

El proyecto, entre otras particularidades, también prevé que sea intervenido el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept). Luego, el interventor de este de control deberá dejar sin efecto cualquier modificación tarifaria por un lapso de seis meses.

Respecto de la administración de la SAT, la iniciativa aclara que la empresa será -a partir de su sanción- sometida al control del Tribunal de Cuentas de la Provincia (hoy está exenta de esos controles externos).

El último artículo es el que mayor repercusión política promete generar, ya que el intendente promueve una partida de recursos para la intervención de la SAT que salga del Presupuesto de la Legislatura. “A esta intervención se la asignará una suma de $ 500 millones que deberá aportar la Legislatura. Elegimos esta vía de financiación con el convencimiento de que el presupuesto legislativo es el más holgado de la provincia, ya que tiene más de $ 2.000 millones para atender a 49 legisladores, cuando el de la Legislatura de Córdoba representa la cuarta parte para atender a casi el doble de legisladores”, ejemplificó.

Ahora bien: La Intendencia pretende intervenir la SAT (ok, sabemos que esta empresa brinda un servicio pésimo), pero a costas de que el gobierno de la provincia destine $500 millones a esa posible intervención. Por otra parte, tenemos la caja recaudadora de la empresa. Entonces, es ahí donde la suspicacia entra en juego.